La Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera exige que ninguna administración pública pueda incurrir en déficit estructural, es decir, que los gastos superen a los ingresos, con el objetivo de reducir los déficits públicos hasta llegar al déficit presupuestario “cero” y limitar de esta forma la utilización del déficit público como instrumento de política económica. Esto de las cuentas municipales tiene mucho más intríngulis de lo que muchos se piensan.