Las Administraciones Públicas han tenido siempre fama de pagadores fiables aunque impuntuales. En los tiempos en los que la liquidez de las empresas no era un problema grave, los retrasos en los cobros pasaron a ser considerados como un mal menor. Sin embargo, a medida que la liquidez se ha recortado, esos retrasos han llevado a muchas empresas a una situación delicada, e incluso al borde de la suspensión de pagos.