Una visión muy arcaica de las administraciones públicas nos podría llevar a pensar que su única responsabilidad es ejercer aquellas obligaciones legalmente fijadas en su ámbito competencial y hacerlo de una forma eficaz y eficiente. Sin embargo, ese planteamiento tan básico ha quedado atrás. La responsabilidad social de las administraciones es realmente una ampliación conceptual hacia el sector público de lo que ha sido la responsabilidad social corporativa (RSC) de las empresas. Su aplicación supone una redefinición de las relaciones de cualquier administración con los grupos de interés, internos y externos, en las cuatro dimensiones de la sostenibilidad: económica, social, ambiental e institucional, esta última materializada en los conceptos de transparencia y buen gobierno. Este nuevo marco supone importantes cambios no solo en las políticas, sino en las forma de llevarlas a la práctica.
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